Responsabilidad penal y delitos ambientales

UNIVERSIDAD SANTA FE

La Justicia en Materia Ambiental
Derecho a la Protección del Medio Ambiente

Gabriela Chávez Gallo

Décimo Semestre. Junio de 2011

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………………3

CAPÍTULO I. LOS ÁMBITOS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE…………………5
1. LA INSTANCIA ADMINISTRATIVA
2. LA INSTANCIA CIVIL
3. LA INSTANCIA PENAL

CAPÍTULO II. EL DERECHO PENAL EN MATERIA AMBIENTAL………………10
A) DERECHO PENAL
B) DERECHO AMBIENTAL
C) DERECHO PENAL APLICADO A LA MATERIA AMBIENTAL

CAPÍTULO III. DELITOS EN MATERIA AMBIENTAL………………………………24
A) DELITOS FEDERALES.
B) B) DELITOS DEL FUERO COMÚN, CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO

CAPÍTULO IV. LA TEORÍA DEL DELITO Y SU APLICACIÓN A LOS TIPOS PENALES DEL FUERO COMÚN EN MATERIA AMBIENTAL……………………27

CAPÍTULO V. ESTADÍSTICAS……………………………………………………..…29

CAPÍTULO VI. DEFICIENCIAS DEL DERECHO PENAL EN MATERIA AMBIENTAL………………………………………………………………………….….32

CAPÍTULO VII. LOS NUEVOS RETOS DEL DERECHO PENAL AMBIENTAL EN EL NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO………………………………………33

CONCLUSIONES………………………………………………………………………..34

BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………………………….36

INTRODUCCIÓN

En México, los controles jurisdiccionales de la Constitución, son los ejercidos por uno de los poderes de la unión: El Poder Judicial, a través del cual se trata de salvaguardar la supremacía de la Constitución.
En el sistema de control jurisdiccional de la Constitución, encontramos la acción de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, que son planteadas ante el Poder Judicial de la Federación, a través de las cuales se solicita la protección a la parte dogmática y a la parte orgánica.
El juicio de amparo, en virtud de actos de autoridad relacionados a la materia ambiental, está limitado, por causas de su origen y límites, dado el concepto de interés jurídico y principio de instancia de parte agraviada, no puede tener la naturaleza de un instrumento que el ciudadano aplique de manera directa e inmediata a la norma ambiental, de ahí que no se haya podido dar eficacia a la norma ambiental y mucho menos para prevenir u obtener la reparación del daño ambiental, a través de la vía de amparo.
Por lo anterior, se ha tratado de salvaguardar y tutelar los derechos ambientales a través de otras instancias, como lo es, por ejemplo, las instancias administrativas, penales y civiles; que igualmente resultan ineficaces por la rigidez de la norma, la falta de reformas legislativas y la carencia de cultura ambiental.
El presente trabajo tiene como finalidad exponer la situación, en el ámbito del derecho penal, la materia ambiental; a través del presente se desarrollará la creación de los delitos penales en materia ambiental, se aplicará la teoría del delito, para el efecto de evidenciar los verdaderos efectos, defectos, realidades y deficiencias en la materialización, individualización del tipo penal, así como el ejercicio de la acción penal, como resultado del combate a las conductas nocivas y destructivas, cometidas en contra del medio ambiente, entendido éste como el ecosistema, recursos naturales renovables, no renovables, flora, fauna, el agua, el aire, entre otros que caben en el mencionado concepto.
Asimismo, el presente, contiene algunas propuestas para reforzar la actividad y el ámbito legal para la defensa en materia ambiental.

LOS ÁMBITOS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

La prevención y reparación del daño ambiental, puede darse a través de un procedimiento constitucional, si es que la norma jurídica del país regula una acción o recurso constitucional con la que se pudiera exigir el cumplimiento al derecho a un ambiente limpio y sano, y que de igual forma, estableciera medidas provisionales y la forma de llevar a cabo la ejecución de la sentencia, vinculando a las autoridades en materia ambiental y a los responsables.
El acceso a la justicia ambiental supone la existencia de derechos sustantivos que constitucionalmente, pertenecen a los individuos, y que han de ser hechos valer a través de un mecanismo procesal, para poder plantear esas controversias ante un tribunal previamente establecido, el cual obligatoriamente ha de resolver sobre la existencia o no de ese derecho, y en caso de existir, en materia ambiental, se exija la prevención, restauración o conservación del medio ambiente, así como la reparación del daño ambiental causado, y su indemnización cuando igualmente se traiga como consecuencia de esa conducta, daño a una persona.

LA INSTANCIA ADMINISTRATIVA:
La protección del derecho a un ambiente sano y adecuado para el bienestar y desarrollo, corresponde al ejercicio de las facultades concedidas a la autoridad administrativa, de manera tal que se impongan sanciones que corresponden al área administrativa como es la multa, la suspensión, la clausura temporal o definitiva, decomiso, revocación o cancelación de permisos o concesiones.
Sin embargo, como es característico de la materia administrativa, existen recursos como la acción de nulidad, en el cual pueden impugnarse las determinaciones antes mencionadas, o el amparo indirecto, pero en realidad sin que realmente se logre eficacia el combate al daño ambiental.

LA INSTANCIA CIVIL:
Neófito López Ramos, en la compilación “Retos del Derecho Ambiental en México” dice:
“La institución de la reparación del daño material es muy antigua y puede tenerse como antecedente remoto que en el pueblo hebreo se destacó el carácter religioso y colectivo de la responsabilidad; en donde la violación de la ley era esencialmente un pecado y configuraba a la vez, un crimen y un acto de responsabilidad civil, lo que exigía un castigo, de una gravedad que tenía en cuanta la dignidad del pecador (Lev. 4, 1-35), como la responsabilidad proveniente de hecho ilícito como las lesiones…
En Roma, con la ley Aquilia se creó también la posibilidad que reclamar la reparación del daño tanto el sujeto causante del daño, como de quienes estaban a cargo de los causantes del daño, y la obligación de reparar cuando el daño se hubiere causado por las cosas del dueño.
De modo que es responsable quien directamente realiza la conducta dañosa o porque el daño se causa por terceros que están bajo su cuidado o por las cosas respecto de las cuales sea el dueño.

La legislación civil actual, para obtener la reparación del daño , establece como elementos la existencia del daño y un elemento causal entre ese daño y la causa del daño, por lo que es eficaz para tutelar el derecho a la reparación del daño individual.
El daño ambiental puede dar lugar a la reparación individual que seguirá su cauce a través de los moldes clásicos civiles de la reparación del daño patrimonial, sea porque se puedan restituir las cosas al estado que tenían, es decir, reparación in natura, y con indemnización por pago de daños y perjuicios.
Actualmente, en la legislación no existe una legislación procesal que regule una acción o jurisdicción ambiental, pero en lo personal, eso no resulta un problema, ya que en materia civil, el que ejerce una acción en base a la pretensión de exigir la reparación del daño, si es en materia ambiental, uno puede crear y denominar acciones, cuando la finalidad o la pretensión que se reclama, está regulada por la legislación, tal es el caso de la reparación del daño. Esto en virtud de la jurisprudencia: I.8o.C. J/16, de rubro: “ACCIÓN. PROCEDE AUNQUE NO SE EXPRESE SU NOMBRE.”
Considero que el problema en la materia civil, es la prescripción de las acciones y el alto costo de los peritajes en materia ambiental, que correrán a cargo del actor por afirmar hechos o en su defecto del demandado al oponer las excepciones, lo que sigue al principio general de derecho y al artículo 84 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, que reza:

“ARTÍCULO 84. El actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los de sus excepciones.”

Así como el artículo 81 del Código Federal del Procedimientos Civiles, cuyo contenido es:
“ARTÍCULO 81. El actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los de sus excepciones.”

LA INSTANCIA PENAL:
La instancia penal es la que nos ocupa, en el presente trabajo, y que es materia de los subsecuentes capítulos, sin embargo, en este que está por concluir, se dará un breve bosquejo del mismo.
En el ámbito penal, hay un capítulo especial en el Código Penal Federal, que tipifica las conductas que dañan al ambiente, asimismo, regula la reparación del daño ambiental.
En virtud de lo anterior, se puede decir que el derecho penal, se ha adoptado como el instrumento para inhibir la conducta que daña o lesiona al ambiente, pero que lamentablemente como se observará con la información recabada, no existe una ventaja al recurrir a esta instancia, porque la aplicación de la ley impone una rigidez que es una carga procesal para el Agente del Ministerio Público, que rara vez es satisfecha y tendrá como resultado la impunidad, con la consecuencia de que el daño ambiental no será reparado.

EL DERECHO PENAL EN MATERIA AMBIENTAL

A) DERECHO PENAL:
El Procedimiento penal implica un amplio conocimiento del derecho material, primero pensar materialmente para luego pasar a las reformas en procesal.
La dogmatica es la teoría de los presupuestos necesarios de derecho, solamente si Se conoce qué es una acción humana, sabremos si esa acción humana es un delito, por lo que se analizaran los presupuestos necesarios que debe cumplir un código penal para determinar si una acción humana ha de sancionarse como delito; esto da lugar a generar normas de conducta.
Todo empieza con valoraciones o calificaciones de algo como bueno y ese valor o bien se protege, por lo que se utilizan normas del derecho, el bien se convierte en “bien jurídico” (vida, patrimonio, hasta el medio ambiente), los bienes jurídicos pueden contener valores facticos o pueden ser valores tangibles, también pueden ser no tangibles pero existentes.
Los bienes jurídicos protegidos es la forma abstracta de diferenciarlo del objeto material que representa en la realidad el portador de ese bien. Se analiza la razón por la cual se daño o perdió el bien protegido y si en ello hubo intervención de la conducta humana (acción u omisión), es preciso saber si son conductas dirigibles a seres humanos porque si son atribuibles a la naturaleza entonces no podrá ser protegido por el derecho.
• Primera valoración. Bien jurídico.
• Segunda valoración. Conducta humana que afecta el bien jurídico.
• Tercera valoración. Presupuestos necesarios para ser un hecho punible.

La violación de un mandato o de una prohibición conlleva la antinormatividad , la conducta que describe la violación de la norma prohibitiva o del mandato es una conducta antinormativa.
El tipo penal cumple una función garantista, “nullum crimen sine lege.”. , de tal manera que atendiendo al Artículo 14 de la Constitución Federal, que exige la exacta aplicación de la ley en materia penal, es decir que la conducta realizada encuadre perfectamente en la descripción típica, encuadramiento que llamamos tipicidad .
Para poder abordar los puntos importantes, del presente trabajo, es preciso señalar primero los elementos del tipo y del delito, para poder ir dando forma al trabajo que estructura.

ELEMENTOS DEL TIPO :

1.- Elementos objetivos. Son los elementos de naturaleza descriptiva, referencias a personas, cosas y modos de obrar.
• Acción u omisión.
• Elementos descriptivos.
• Elementos normativos.

2.- Elementos Subjetivos. Referencias a un determinado propósito o fin de la acción, o a in ánimo específico con que debe cometerse.
• Elementos subjetivos especiales.
• Dolo. El dolo pasa por la siguiente estructura:
a) Elemento cognoscitivo: Es decir el sujeto sabe lo que hace.
b) Elemento volitivo: El sujeto quiere el resultado
• Culpa
• Exigibilidad de otra conducta.

3. Elementos Normativos. Hacen referencia a un juicio de valor remitiendo a otras disposiciones del ordenamiento jurídico.
4. Elementos Descriptivos: : están formados por procesos del mundo real o de objetos que en él se encuentran, pero que difieren de los elementos objetivos, subjetivos y normativos. Pueden pertenecer al mundo físico y al psíquico.
Estos elementos pertenecen a la hipótesis legal. Ahora, se establecen los sujetos y objetos del delito; así como los elementos del mismo.
Pero primero qué se entiende por delito:
• Acción típica, contraria al derecho, culpable, sancionada con una pena adecuada y suficiente a las condiciones objetivas de la punibilidad.
• Infracción a la ley de un Estado, promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente dañosos.
• Crimen es, en el más amplio sentido, una injuria contenida en una ley penal, o una acción contraria al derecho del otro, conminada en una ley penal.
• Acción punible entendida como el conjunto de los presupuestos de la pena.
Para que sea posible hablar de la existencia de un delito, es necesaria la existencia de un que realice la acción delictiva y otro que la sufra, igualmente de un objeto en que recaiga la acción delictiva y un interés que esté jurídicamente protegido. Estamos hablando, pues, de los sujetos y objetos del delito.

ELEMENTOS DEL DELITO:

Objetos Del Delito: es la persona, cosa, bien o interés penalmente protegido.
• Objeto Material es la persona o cosa sobre la que materialmente recaen los resultados de la acción delictiva, puede ser el propio sujeto pasivo, y las cosas animadas o inanimadas que se afectan con la acción del sujeto activo.
• Objeto Jurídico es la norma, el derecho violado o el bien o interés jurídicamente protegido, objeto de la acción.

Jiménez de Asúa, con base en la Teoría analítica, propone el siguiente esquema:

ASPECTO POSITIVO
ASPECTO NEGATIVO
Actividad Falta de Acción
Tipicidad Ausencia de tipo
Imputabilidad Causas de inimputabilidad
Culpabilidad Causas de inculpabilidad
Condicionalidad objetiva Falta de condición objetiva
Punibilidad Excusas absolutorias

Una vez precisados, los elementos del tipo y los elementos del delito, a continuación se plantean, diversas cuestiones de justicia ambiental, se analizará su evolución de cómo las sanciones administrativas no fueron suficientes hasta llegar al punto en que fue necesario tipificar conductas que lesionan y dañan al ambiente.

B) DERECHO AMBIENTAL:
El derecho ambiental, tiene su fundamento, en la necesidad de autorregulación de los sistemas en los que el hombre ha intervenido. Así el principal instrumento es la regulación, que en derecho se convierte en leyes, reglamentos y normas; además de imponer límites, parámetros, estándares y criterios políticos, culturales, sociales y económicos; de hecho se puede decir que tiende a la uniformidad de principios, reglas, requisitos, procedimientos y métodos.
Las normas ecológicas y ambientales, son un nuevo estrato en la jerarquía de normas de cualquier sistema jurídico. Por ello, su naturaleza depende tanto del organismo que la emite, y por tanto debe de haber un conocimiento técnico y científico que ha de convertirse en carácter obligatorio si es que se quiere tener eficiencia y utilidad de la ley.
Al ser algo nuevo en el campo jurídico, su aplicación depende de una serie de factores que van desde el conocimiento y la difusión hasta la conciencia de quien la aplica, exige y vigila su cumplimiento; y es aquí donde surge el problema de la regulación en materia ambiental, puesto que no puede aplicarse y exigirse si no hay conciencia de los efectos que se producen por la omisión de ciertas limitantes y reglas de conducta de impacto ambiental.
El derecho siempre se preocupó por la vida, y que ésta podría ser afectada por un individuo o grupo de individuos , en situaciones concretas y directas, mediante las cuales fuera posible advertir un nexo de causalidad inmediato entre productores del mal y la víctima, pero de ahí que la preocupación por la vida debe cambiar de estándares, ya no sólo por afectación directa a la víctima, sino que también de forma indirecta con el impacto ambiental se afecta la vida de no sólo uno, sino de varios individuos, además de considerar que el ambiente es patrimonio nacional y que no sólo llega ahí sino que el impacto puede rebasar fronteras, convirtiéndose en un problema internacional.
El derecho a un ambiente sano, tiene el rango de garantía constitucional, y está consagrada en el artículo 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
“El daño ambiental es toda alteración, deterioro o destrucción de los recursos naturales, y los atentados a la vida de las especies animales, vegetales y humanas y, que puede ser provocado de manera dolosa o culposa por conductas o actividades económicas y sociales de la población, en lo personal o colectivo, violándose disposiciones, y a éstas se centra la comentada responsabilidad.”.
Causar un daño automáticamente implica una responsabilidad, que tiene una persona ya sea física o moral, de reparar o restituir la lesión causada, ya que el que sufrió el atentado padece un menoscabo, un detrimento, por culpa, omisión o por dolo del autor de la conducta y del fin.
El ambiente es un bien jurídico tutelado, sobre todo por el derecho administrativo, y su rama del derecho ambiental; esto quiere decir que todo aquél que ocasione perjuicios a los ecosistemas, debe pagar los costos de las afectaciones; partiendo de que el menoscabo no sólo lo sufre el ambiente de manera directa sino aquellos que tenemos derecho a un entorno adecuado, sano y autosuficiente, para la formación y desarrollo de la persona en sus aspectos, físico, económico, psíquico y social.
Y a pesar de que en el sistema jurídico mexicano no existe la posibilidad de defensa ante los tribunales de esa prerrogativa, para disfrutar y gozar de esos derechos, se ha tenido que optar por diversas vías que ofrecen otros procedimientos, y a los que la misma Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al ambiente refiere; y que tal es el caso de la responsabilidad civil .
Sin embargo, el Código Penal contiene algunas hipótesis legales que tipifican conductas que dañan al medio ambiente y que por tanto el ciudadano puede optar por la vía penal en caso de encontrarse con conductas lesivas al ecosistema.

C) DERECHO PENAL APLICADO A LA MATERIA AMBIENTAL:
En materia penal, la conducta humana solamente puede ser injusto punible si lesiona o pone en peligro un bien jurídico; pero no basta la conculcación de cualquier tipo de bienes o intereses del conglomerado social, “mientras no se haya mostrado con claridad que una determinada conducta humana produce efectos socialmente dañosos, debe quedar libre de amenaza penal», configurándose la figura el in dubio pro libértate”.
Tales efectos socialmente dañosos son los que permiten calificar a los bienes jurídicos (en general), como bienes jurídico-penales.
El derecho penal moderno sólo puede intervenir de manera exclusiva, en la tutela de éstos y es precisamente esa la necesidad de la tutela penal, ya que en el derecho penal moderno se presenta tres principios garantísticos convergentes que implican que:
“La intervención del Derecho penal no resulta proporcionada sí no tiene lugar en aras de la protección de las condiciones fundamentales de la vida en común y para evitar ataques especialmente graves dirigidos contra las mismas:
1) El de proporcionalidad;
2) El de necesidad, y
3) El de utilidad de la intervención penal o intervención mínimo.
4) El de justicia. Que se corresponde con el merecimiento e pena, y
5) El de utilidad. Que guarda relación con la necesidad de pena.”

La teoría del bien jurídico se ha transformado en una teoría de la dañosidad social, en la que deben encontrarse presentes ciertas directrices de carácter político criminológico como por ejemplo:
1. En la teoría del derecho penal se han de tomar en cuenta las necesidades e intereses del sistema social;
2. No toda lesión de un interés humano (bien jurídico) exige una reacción mediante el derecho penal, sino tan solo aquella que, además, presenta el carácter de socialmente dañosa, es decir que en sus efectos lesivos va más allá del conflicto entre autor y víctima y del daño causado y que esta última sufre.
El derecho penal tiene tres funciones en el conjunto de la sociedad, como perspectivas empíricas:
1) Ético-social;
2) Simbólica, y
3) Satisfacción de necesidades de psicología social.
4) Lo función ético-social, también llamada «función configuradora de las costumbres» consiste en una «función informativa desempeñada por las normas penales, al dar cuenta de los bines que en una sociedad se estiman fundamentales hasta el punto de protegerse penalmente».

Entonces considero que la utilización de la norma penal, no siempre debe buscar la «realización instrumental del texto de la ley sino más bien en exigencias pedagógicas excesivas en el Derecho penal», como el caso del «Derecho penal del medio ambiente», que su verdadero objeto es que mediante la coacción se cree una cultura de salud ambiental; es que su pretensión es la de crear una conciencia ecológica, a través del propio sistema penal, es decir que el carácter del derecho penal ambiental es simbólico ya que debe ser la última instancia que tomar para sancionar conductas dañinas al medio ambiente.
Los Códigos Penales de orden federal, que han estado en vigencia en nuestro México, desde el de 18711, incluyendo el de 1929 y el vigente que proviene de 1931, por obvias razones, no configuraron una regulación penal ambiental en estricto rigor, no obstante que tenían normas encaminadas a la protección de intereses o valores ambientales particulares.
En virtud de lo anterior se puede afirmar que los delitos ambientales en México fueron tomados en cuenta a partir de la revolución mexicana, sin embargo carecían de relevancia, pero que a partir de ese momento comenzaron una evolución, y que ésta comprendió distintas etapas:
a) La primera se caracteriza por la incorporación de algunas figuras delictivas con implicaciones ambientales en el Código Penal de 1931; existían diversos ordenamientos jurídicos federales, que puede hacer referencia al Derecho Penal accesorio, y los cuales definían tipos penales contra el ambiente, las leyes penales especiales que tipificaban delitos en este periodo, regulaban la protección específica de recursos naturales como el agua, en el caso de Ley de Aguas de Propiedad Nacional de 1929 y la Ley de Aguas de Propiedad Nacional de 1934
b) Una segunda etapa se da con la tipificación de conductas delictivas ambientales en leyes penales especiales como: la Ley Federal de Aguas de 19726. En materia forestal, se contaba con la legislación de los años de 1926, 1943, 1948, 1960, 1986 y 1992. La Ley de Caza de 1952 y finalmente la Ley Sobre Protección y Conservación de Monumentos y Bellezas Naturales de 1930.
Pero los antecedentes de la propia Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia penal se inician en la ley de 1982, mas no así con la de 1971, por no tener previsto delito alguno,
c) La tercera etapa se distingue por la integración de los delitos ambientales en el Título Vigésimo Quinto, del Libro Segundo, del Código Penal Federal en diciembre de 1996. Antes de las reformas de 1996, los delitos con implicaciones ambientales no se ubicaban en un rubro específico sobre la materia ambiental, sino dentro del capítulo de los delitos patrimoniales, pero con la reforma en materia penal ambiental se modificaron algunos preceptos del Código Penal Federal y se incluyeron los delitos ambientales.
d) La cuarta y última, se refiere a las reformas a dicho Título, publicadas el 6 de febrero de 2002, cambiándose incluso su denominación a “delitos contra el ambiente y la gestión ambiental”.
Con la reforma de 2002, se consideró que lo correcto es responsabilizar a aquellos que realicen las conductas lesivas y dañinas al medio ambiente y que se hacen obviamente de manera ilícita en general, y no sólo a los que lo hacen sin contar con las autorizaciones correspondientes o violando los términos de las mismas, sino también a los que lo hacen contra lo estipulado en las normas oficiales o reglamentos ambientales.
Pero aún y cuando existe ésta evolución en materia de justicia penal, el problema aún no termina, sino que se presentan otros, que deben ser solucionados; pues muchos de los elementos del tipo y además, mucho del contexto necesario para entender el delito, es deriva de reglamentos, de normas oficiales mexicanas y de otros instrumentos administrativos tales como listados o acuerdos; por lo que la labor del Ministerio Público deberá valerse de los elementos expresos de otros ordenamientos ,ambientales que sean leyes en sentido formal y material, y no salirse de ellos, de puesto en el Código Penal Federal, o en el caso de delitos ambientales concurrentes o del fuero común y además atender a la jurisprudencia cuando en su caso se requiera.
DELITOS EN MATERIA AMBIENTAL
A) DELITOS FEDERALES.
Los delitos contenidos en el marco jurídico que norma el Código Penal Federal, se encuentran establecidos en el Título Vigésimo Quinto y se divide en cinco capítulos; distribuidos de la siguiente manera:
Capítulo I. De las actividades tecnológicas y peligrosas que comprende del artículo 414 al 416 y básicamente penaliza conductas relacionadas a la incorrecta aplicación de las medidas de prevención o seguridad; la realización de actividades de producción, almacenamiento, tráfico, importación o exportación, transporte, abandono, desecho, descarga, o realice cualquier otra actividad con sustancias consideradas peligrosas por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, radioactivas u otras análogas, lo ordene o autorice, que cause un daño a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas, a la calidad del agua, al suelo, al subsuelo o al ambiente.
Capítulo II. De la bioseguridad, que comprende los artículos del 417 al 420 bis, dichos numerales sancionan conductas que tengan que ver con la internación al territorio nacional, o trafique con recursos forestales, flora o fauna silvestre viva o muerta, sus productos o derivados, que porten, padezcan o hayan padecido, según corresponda alguna enfermedad contagiosa, que ocasione o pueda ocasionar su diseminación o propagación o el contagio a la flora, a la fauna, a los recursos forestales o a los ecosistemas.

Capítulo III. De la bioseguridad que comprende solamente el artículo 420 ter, dicho artículo sanciona conductas similares que las del artículo 420 Bis, pero cuando el objeto sea un organismo genéticamente modificado.
Capítulo IV. Delitos contra la Gestión Ambiental que únicamente comprende el artículo 420 quarter, tipifica conductas que contravengan a la administración o gestión en materia ambiental, tales conductas son: el asentamiento de datos falsos en los registros o en cualquier documento, o destruir, ocultar, alterar información, registros, reportes o prestar servicios como auditor, perito, especialista faltando a la verdad o incumplir con las medidas
Capítulo V. Disposiciones comunes a los delitos contra el ambiente, del artículo 421 al artículo 423.

B) DELITOS DEL FUERO COMÚN, CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO.
Los delitos ambientales, que se encuentran tipificados en el Código Penal para el Estado de Guanajuato, se encuentran en el Título Sexto y se distribuyen en tres capítulos:
Capítulo I. Delitos Contra la Preservación y Protección al Ambiente; y que comprende los artículos 290 y 291.
Capítulo II. Delitos Contra la Gestión Ambiental; y que contiene el artículo 292.
Capítulo III. Reglas Comunes a los Delitos Contra el Ambiente, que no precisamente son hipótesis típicas; sino más bien como su encabezado indica, son lineamientos comunes para los delitos en contra del medio ambiente.
De lo anterior se concluye que sólo están tipificadas tres conductas en nuestro ordenamiento penal vigente en nuestro Estado y que a grandes rasgos contiene:
La sanción de conductas se relacionan a la emisión, despido, descarga hacía la atmosfera sustancias nocivas o contaminantes, así como la contravención a las disposiciones legales vigentes en el Estado y los municipios.
El artículo 292, tipifica conductas que contravengan a la administración o gestión en materia ambiental, tales conductas son: el asentamiento de datos falsos en los registros o en cualquier documento, o destruir, ocultar, alterar información, registros, reportes o prestar servicios como auditor, perito, especialista faltando a la verdad o incumplir con las medidas
El bien jurídico tutelado es la salud pública, el medio ambiente, el ecosistema, los recursos naturales y la administración ambiental.

LA TEORÍA DEL DELITO Y SU APLICACIÓN A LOS TIPOS PENALES DEL FUERO COMÚN EN MATERIA AMBIENTAL
A continuación se elabora una tabla, en la que se extraen los elementos del tipo, para una mayor comprensión de la conducta típica en contra del ambiente, la ecología y los recursos naturales, esto únicamente para los delitos del fuero común y como un ejercicio de comprensión, de entendimiento de las conductas sancionadas por el Código Penal.
DELITO SUJETO
ACTIVO
SUJETO PASIVO
CONDUCTA
FINALIDAD
SANCIÓN
ADMITE TENTATIVA
BIEN JURÍDICO TUTELADO
CULPABILIDAD

ART. 291 Indeterminado Sociedad Emitir, despedir, descargar en la atmosfera sustancias nocivas.
Contravenir a las disposiciones legales vigentes en el Estado y los municipios. Dañar los ecosistemas y la salud pública Corporal: Admite libertad provisional
Pecuniaria500-2000 días de multa y de trabajo a favor de la comunidad Si El ecosistema, el ambiente, la salud pública y los recursos naturales Dolosa o Culposa
ART 292
Indeterminado
Sociedad Asentar datos falsos en los registros o en cualquier documento, o destruir, ocultar, alterar información, registros, reportes o prestar servicios como auditor, perito, especialista faltando a la verdad o incumplir con las medidas técnicas y de seguridad Corporal, admite libertad provisional
Pecuniaria 600-4000 días multa y trabajo a favor de la comunidad si La administración para la gestión ambiental Dolosa o Culposa

ESTADÍSTICAS
La tabla que a continuación se presenta, es información que solicité en las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, y que realmente me costó mucho trabajo conseguir, porque querían que hiciera un escrito en la Unidad de Acceso a la Información, pero pues podría tardar meses, entonces fue información que me proporcionó un buen amigo; respecto a los delitos del fuero federal no conseguí nada porque igualmente me mandan a la Unidad de Acceso, pero esa si tardaba más tiempo.
La tabla, muestra las denuncias que ha habido, la integración de la averiguación previa y su status, a partir del primero de enero de dos mil nueve al veinticinco de mayo de dos mil once, en todo el Estado.

NO. DE AV. PREVIA AÑO FECHA DE INICIO AGENCIA MUNICIPIO STATUS SUBPROCURADURÍA SÍNTESIS
S/D 2011 06/04/2011 S/D PURÍSIMA DEL RINCÓN TRÁMITE A DAÑOS ECOLÓGICOS
S/D 2011 05/04/2011 S/D PURÍSIMA DEL RINCÓN TRÁMITE A DAÑOS ECOLÓGICOS
S/D 2011 01/04/2011 S/D LEÓN TRÁMITE A DAÑOS ECOLÓGICOS
S/D 2011 22/02/2011 S/D CORTAZAR ARCHIVO C DELITO CONTRA LA ECOLOGÍA Y EL MEDIO AMBIENTE
S/D 2011 26/01/2011 S/D ABASOLO ARCHIVO B ROBO DE MADERA
S/D 2011 25/01/2011 S/D SALAMANCA ARCHIVO B DAÑO ECOLÓGICO
S/D 2010 16/12/2010 S/D LEÓN CONSIGNADA A Daño Ecológico
S/D 2010 18/11/2010 S/D CELAYA ARCHIVO C DAÑOS ECOLÓGICOS
S/D 2010 16/11/2010 S/D LEÓN ARCHIVO A QUEMA DE ESQUILMO
S/D 2010 15/11/2010 S/D SAN LUIS DE LA PAZ RESERVA D DAÑOS ECOLÓGICOS
S/D 2010 12/11/2010 S/D LEÓN RESERVA A DAÑO AMBIENTAL
S/D 2010 24/05/2010 S/D LEÓN RESERVA A DAÑO AMBIENTAL
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S/D 2009 22/04/2009 S/D SALAMANCA RESERVA B QUEMA DE ESQUILMOS

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S/D 2009 3/12/2009 S/D LEÓN ARCHIVO A DAÑO ECOLÓGICO
S/D 2009 24/07/2009 S/D LEÓN ARCHIVO A DAÑO ECOLÓGICO
S/D 2009 26/02/2011 S/D LEÓN RESERVA A DAÑO ECOLÓGICO
S/D 2009 14/02/2009 S/D LEÓN RESERVA A DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE
DEFICIENCIAS DEL DERECHO PENAL EN MATERIA AMBIENTAL
Lamentablemente como se observó la información recabada, no existe una ventaja al recurrir a esta instancia, porque la aplicación de la ley impone una rigidez, consistente en una carga procesal para el Agente del Ministerio Público, lo que implica un gasto para el aparato burocrático, y estudios que al ser necesarios para acreditar el cuerpo del delito o la probable responsabilidad, pueden arrojar los resultados con lentitud y que lamentablemente solo traen como consecuencia la prescripción de la acción penal, del delito o las sanciones; entonces es por eso que rara vez son satisfechos los requisitos de procedibilidad y por tanto existe tanta impunidad en materia ambiental y la evasión de esta instancia por sus resultados infructuosos, y entonces hay pocas denuncias y pocas pueden ser consignadas y que tienen por consecuencia que el daño ambiental no sea reparado.

LOS NUEVOS RETOS DEL DERECHO PENAL AMBIENTAL EN EL NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO

La tutela del ambiente en sede penal se encuentra justificada, no solo en atención a los principios normativos aludidos, sino por la autonomía, independencia y relevancia del bien jurídico tutelado, deberá tomarse en consideración que el principio de gradualidad y que deberá entenderse acorde al nuevo régimen penal constitucional, en el que figuras procesales tales como la acción penal privada, el principio de oportunidad, las salidas alternas, el proceso abreviado, la suspensión del proceso a prueba y acuerdos reparatorios, autocomposición, la composición, el compromiso, la negociación, la mediación, etc.
Por lo que deberán ser utilizadas en la construcción de un derecho penal ambiental moderno y respetuoso de una cultura de la legalidad, sin que se pase por alto el que «una legislación penal dirigida al control formal de la conducta antiecológica debe asegurarse excluir las bagatelas, los daños insignificantes, las mismas acciones alejadas del núcleo mismo del ámbito de protección de la norma, y las conductas adecuadas socialmente».

CONCLUSIONES

Las instancias de protección al ambiente como la jurisdiccional constitucional, el proceso administrativo, la fase contenciosa administrativa, la jurisdiccional civil y penal, han revelado insuficiencia; incluso es casi nula; por lo que es necesario que la actividad de la autoridad administrativa se complemente con la de la judicatura, en las cuestiones a la protección del medio ambiente.
Los modelos clásicos no responden adecuadamente a las necesidades de la protección del medio ambiente como bien jurídico tutelado, tanto en la descripción penal como en la sanción, porque mientras que en los delitos de tutela de la vida, de la propiedad, del patrimonio, de la salud, la finalidad es sancionar al delincuente con el retiro de la sociedad mediante su reclusión y condenarlo a la reparación del daño, pero además muchas veces el resultado de la conducta es responsabilidad de una empresa, o de personas morales, y que por tanto el derecho penal no puede individualizar esta conducta, como tampoco responsabilizar a todos los que forman parte de la empresa o industria, entonces debe darse flexibilidad al tipo penal que permita la determinación de la conducta punible y la posibilidad de convenir la reparación para suspender, en su caso, una vez lograda la reparación o su pago, extinguir el proceso penal; por tanto, debe haber un procedimiento más transparente y abierto, con énfasis en la obtención de la reparación del daño ambiental.
La ley procesal debe reconocer la legitimación activa a los ciudadanos y a las instituciones públicas y privadas para acceder a un juicio en el que a través de una acción especial y de medidas provisionales, precautorias o preventivas, se detenga las actividades indiscriminadas e inconscientes que traen como consecuencia daño e impacto negativo al ambiente, y que lamentablemente es una situación grave y real que vive nuestro país.
La eficacia de la norma sustantiva depende de la factibilidad, de la agilidad y sencillez de los procedimientos contenidos en la norma adjetiva; el daño ambiental por la causa que pueda ser, ya sea destrucción, extracción indiscriminada de recursos naturales, deterioro paulatino total o parcial, contaminación o cualquier otro, se incrementa y pone en alerta la situación ecológica del país, si la tutela de esos bienes jurídicos no se concretiza, si no existe la ley adjetiva correspondiente, ya que la falta de esta norma jurídica que sobre todo reconozca la legitimación procesal a los ciudadanos, y sobre todo a las personas morales o colectivas, es de suma importancia para poder ejercer las acciones en contra de quienes sean los responsables de los actos u omisiones que impliquen infracción a la normatividad sustantiva, que tutela el ambiente o los recursos naturales.
Pero no sólo basta con decir que el sistema jurídico mexicano, en materia ambiental, carece de la norma adjetiva correspondiente, sino que además es importante también que exista un órgano jurisdiccional especializado que conozca de las controversias derivadas de la aplicación de las normas respectivas, y el seguimiento de la sentencia y ejecución de la misma, acorde con la naturaleza del daño ambiental; así como una reforma al principio de relatividad de las sentencias de amparo en cuestiones ambientales.
De lo que se concluye que nuestro sistema jurídico, tiene una laguna legal, porque no regula un instrumento procesal adecuado e idóneo para que los ciudadanos y la sociedad misma, por interés público, controvierta la legalidad y subsistencia de un acto u omisión por el actuar de la autoridad o de un particular, que ponga en riesgo o afecte la integridad del medio ambiente.

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